El Ministerio de Trabajo llevará un documento más concreto a la mesa de negociación de la reforma laboral:
El Gobierno quiere revisar el despido objetivo, basado en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Así se lo ha expuesto a empresarios y sindicatos en la negociación de la reforma laboral. El plan ha producido satisfacción en las patronales CEOE y Cepyme e inquietud en CC OO y UGT. No obstante, ambas partes tendrán que esperar a ver cómo se materializa la pretensión del Ejecutivo, puesto que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Celestino Corbacho, anuncia un nuevo documento, más concreto, para el 12 de abril.
El despido objetivo cuesta una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Es más barato que el improcedente ordinario que conlleva 45 días, con un límite de 42 pagas, pero los empresarios apenas lo utilizan. «Es muy compleja su aplicación», mantienen, mientras que los sindicatos aseguran que lo único que ocurre es que «hay que justificar debida y correctamente los requisitos establecidos».
Cada interlocutor, incluido el Gobierno, reitera públicamente su voluntad para llegar al entendimiento e introducir cambios en el mercado laboral que alivien la carga de las empresas sin recortar los derechos de los trabajadores e impulsen la productividad. Pero el hacer casar estos deseos, de momento, resulta más que remoto, según reconocen entre bambalinas los propios interesados.
El 5 de febrero, Rodríguez Zapatero entregó una propuesta con ocho capítulos a negociar: contratación, jóvenes, tiempo parcial, jornada, bonificaciones, servicios de colocación, igualdad y absentismo laboral. Las reuniones se celebran con suma discreción. La semana pasada hubo contactos bilaterales y tripartitos.
El absentismo se ha caído de la lista, en busca del foro adecuado para su debate, y el tiempo parcial se ha integrado en la contratación, donde la reforma de las modalidades de formación, prácticas y fomento del empleo se abre camino. Igualmente la mayoría de la mesa de negociación aboga por establecer un mayor control sobre la causalidad para frenar las colocaciones temporales.
Y los políticos ya han hecho su tarea en bonificaciones. Los grupos parlamentarios por unanimidad instan al Gobierno a cambiar el actual sistema. Opinan que el tamaño de las empresas debe ser decisivo para acceder a las ayudas económicas que impulsan la contratación. Asimismo, consideran que jóvenes y parados de larga duración han de ser los colectivos más beneficiados, seguidos de discapacitados, víctimas de violencia de género y personas al borde de la exclusión social.
El Gobierno quiere revisar el despido objetivo, basado en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Así se lo ha expuesto a empresarios y sindicatos en la negociación de la reforma laboral. El plan ha producido satisfacción en las patronales CEOE y Cepyme e inquietud en CC OO y UGT. No obstante, ambas partes tendrán que esperar a ver cómo se materializa la pretensión del Ejecutivo, puesto que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Celestino Corbacho, anuncia un nuevo documento, más concreto, para el 12 de abril.
El despido objetivo cuesta una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Es más barato que el improcedente ordinario que conlleva 45 días, con un límite de 42 pagas, pero los empresarios apenas lo utilizan. «Es muy compleja su aplicación», mantienen, mientras que los sindicatos aseguran que lo único que ocurre es que «hay que justificar debida y correctamente los requisitos establecidos».
Cada interlocutor, incluido el Gobierno, reitera públicamente su voluntad para llegar al entendimiento e introducir cambios en el mercado laboral que alivien la carga de las empresas sin recortar los derechos de los trabajadores e impulsen la productividad. Pero el hacer casar estos deseos, de momento, resulta más que remoto, según reconocen entre bambalinas los propios interesados.
El 5 de febrero, Rodríguez Zapatero entregó una propuesta con ocho capítulos a negociar: contratación, jóvenes, tiempo parcial, jornada, bonificaciones, servicios de colocación, igualdad y absentismo laboral. Las reuniones se celebran con suma discreción. La semana pasada hubo contactos bilaterales y tripartitos.
El absentismo se ha caído de la lista, en busca del foro adecuado para su debate, y el tiempo parcial se ha integrado en la contratación, donde la reforma de las modalidades de formación, prácticas y fomento del empleo se abre camino. Igualmente la mayoría de la mesa de negociación aboga por establecer un mayor control sobre la causalidad para frenar las colocaciones temporales.
Y los políticos ya han hecho su tarea en bonificaciones. Los grupos parlamentarios por unanimidad instan al Gobierno a cambiar el actual sistema. Opinan que el tamaño de las empresas debe ser decisivo para acceder a las ayudas económicas que impulsan la contratación. Asimismo, consideran que jóvenes y parados de larga duración han de ser los colectivos más beneficiados, seguidos de discapacitados, víctimas de violencia de género y personas al borde de la exclusión social.
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